No cabe duda de que la monarquía, presentada como única alternativa, fue
refrendada por el pueblo español en 1978. Pero aquellas circunstancias
históricas (la amenaza del ejército con vocación golpista era real) no
permitieron arriesgar que se planteara si monarquía o república. Así que, aunque
la monarquía venía impuesta por el régimen franquista, casi todas las fuerzas
políticas de ideología republicana consideraron que, en ese momento, el
objetivo prioritario era conseguir la democracia.
Sobre aquella decisión forzada planea
una sombra de legitimidad. Como actualmente aquella amenaza no existe, parte de
la ciudadanía (ante los últimos síntomas de que el régimen ha entrado en una
fase de decadencia y desprestigio puestos de manifiesto en la forma inhumana de
gestionar la crisis al tiempo que han ido aflorando los escandalosos casos de
corrupción que están afectando a todas las instituciones, incluso a la hasta hace
poco mantenida como ejemplar Casa Real, cuyo colofón ha sido la abdicación del
Rey) ha manifestado su vocación republicana y pide la celebración de un
referéndum.
Puede que aún permanezcan
sobrevolando en el inconsciente de las masas aquellos fantasmas que creó la España franquista para
justificar su golpe de estado y que la mayoría en este momento siga recelando
de la república, y sea partidaria de la monarquía. Razón de más para que todas
las fuerzas políticas consideraran ese referéndum como la última pieza que completaría el ciclo de la construcción democrática al ser aceptado el resultado por unos y
otros sin que se impusiera la voluntad de una parte de la ciudadanía
silenciando a la otra. Si se diera esa normalización jurídica y democrática, contribuiría
a desterrar de la memoria colectiva española la perversa idea histórica,
alentada por las élites dominantes, de que la república es sinónimo de caos.
Aunque
la mayoría apoyara la sucesión dinástica, los partidarios de la república podrían
ir concienciando a la ciudadanía en los principios legítimos de esa cultura
política a través del debate social y una formación profunda y responsable. Sin
esos requisitos, un sistema republicano tampoco garantiza una democracia plena.
Paradójicamente, una monarquía parlamentaria (pese a su anacronismo y
contradicción en su término) con la transparencia y controles debidos, puede desarrollar
(como ha ocurrido hasta ahora en las del norte de Europa) un sistema razonablemente
democrático. Desde luego, en igualdad de transparencia y de responsabilidad de
las instituciones públicas, unido a la madurez y participación ciudadana, la
forma auténticamente democrática es sin duda la república.
