Los gobiernos democráticos se deben a los ciudadanos, que
mediante sufragio universal les dieron el poder para que gobernaran en
beneficio del interés general. Para cumplir el mandato disponen de los recursos
que le proporcionan los impuestos de todos. El mandato constitucional obliga a
que los impuestos sean progresivos, es decir que el que más ingresos tiene
pague más, según tramos de porcentajes progresivos.
Hasta aquí todo parece justo y claro. Lo que ocurre es que
en la práctica los gobiernos se confabulan o se pliegan a las presiones de los
poderosos o comparten sus intereses y se impone la voluntad de los lobbys en perjuicio del interés general.
La Constitución y la voluntad popular quedan vulneradas. Este engaño se hace
realidad en la inflación de consejeros públicos, en los frecuentes casos de
corrupción, en el nepotismo, en el clientelismo, en los tratos preferentes a la
banca, a las eléctricas, a las petroleras, a la inversión especulativa, que en
tiempos de crisis siguen aumentando sus beneficios a costa del sacrificio de
los que menos tienen; son amnistiados defraudadores y delincuentes poderosos; se
desentienden de la regulación de su actividad económica o se legisla a su favor
en contra del pueblo – que deja de ser soberano–, por lo que legalizan una
práctica política que es ilegítima, por inmoral y nada ética. Se dice que
actúan al revés que los bandoleros del siglo XIX, porque roban a los pobres
para dárselo a los ricos: el Estado cede poder ante los intereses de la empresa
privada y de los mercados debilitando el poder de la ciudadanía que es obligada
a soportar grandes sacrificios atentando contra los derechos individuales que
proclama la Constitución, osando corromper los fundamentos de la Democracia.
Muchas personas, como consecuencia de estas políticas, se
ven en la pobreza, son desahuciadas de sus viviendas, están en el paro y sin
protección por desempleo, no pueden pagar sus tratamientos, ven reducidas sus
pensiones, pierden aceleradamente poder adquisitivo, la juventud no tiene claro
su futuro y se llega al límite de la desesperación. Cada vez, desgraciadamente,
se dan más casos de suicidio, de muertes prematuras en los casos graves de
dependencia no atendida, de extrema pobreza o de depresiones profundas. Y los
gobernantes no quieren aceptar que son ellos los responsables, directos o
indirectos, del robo y de los homicidios, que no sucederían si las leyes que
aprueban fueran dirigidas a procurar el bien común.
¿Procede llamar a esta forma de hacer política
“latrogenocidio”? Lo justo sería que fuera castigada por leyes –que tendrían
que haber sido promulgadas desarrollando los artículos constitucionales que
protegen los derechos de los ciudadanos y prohíben la especulación–, cuando los
gobiernos incumplen el espíritu y la letra de la Carta Magna.
