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28 oct 2013

La luz al final del túnel

¡Estamos saliendo de la crisis! ¿Hay pruebas de ello? El ministro Montoro dice que sí: sube la bolsa, baja la prima de riesgo, se está dando un crecimiento neto de las exportaciones, crece levemente el PIB (0,1 %), el banquero Botín dice que está empezando a entrar mucho dinero a España, los bancos obtienen envidiables beneficios… Podría parecer que con estos datos España está superando la fase de recesión y con ello se empieza a remontar la crisis; que se ve la luz al final del túnel.

Pero hay un dato inapelable que se impone tozudamente: En España con la crisis hay más ricos y su riqueza ha aumentado un 20 %; mientras que la población pobre sobrepasa el 25 %, con más de tres millones de pobres severos. La juventud es el principal sector de la población que acapara la tasa más alta de paro (roza el 60 %). Eso significa que el crecimiento futuro del país, respecto de los ciudadanos, sufrirá un retroceso importante desde el punto de vista económico, pero también científico, social, cultural y moral. Este país desmoralizado y sin rumbo camina hacia la distopía, un “mal futuro”.

Ante este panorama, y la insistente propaganda del Gobierno de que España está saliendo de la crisis, hay quien se pregunta con ironía: Muy bien, España está saliendo de la crisis, pero ¿cuándo vamos a salir los españoles? Como el asunto no está para bromas, expongamos algunas ideas extraídas de opiniones de economistas que no pretendan ocultar de forma interesada la realidad.

Para empezar digamos que la deuda pública española está a punto de alcanzar el 100 por 100 del PIB, es decir un billón de euros (por no hablar de la deuda privada que casi duplica a la del Estado). ¿Cómo se está pagando la deuda pública? Pues, como la política de Bruselas exige un control riguroso del déficit (agravado por el saqueo que supone  convertir en deuda pública la deuda privada de la banca  ¾mucho mayor de lo que oficialmente se publica¾ y de otras empresas), deciden reducir el gasto, en lugar de aumentar los ingresos, y ahorrar el dinero recortando en sanidad, en educación, en dependencia, en pensiones, en sueldos, en múltiples servicios sociales… Es decir que del bolsillo del sufrido ciudadano vuela el dinero a las cajas fuertes de los ricos acreedores, que pertenecen a la poderosa clase alta. ¡Menos mal que estamos saliendo de la crisis!

Sigamos el análisis. El crecimiento neto de las exportaciones no se debe al mérito exclusivo de la actividad de las empresas exportadoras: la caída del consumo interno, por un lado, inhibe a las empresas de invertir en renovar su equipamiento, con lo que decae la importación de materias primas y bienes de equipo, y por otro, hace que se busquen mercados en países en desarrollo para vender unos productos con poco valor añadido. El resultado es una balanza exterior ligeramente positiva porque cae la importación, así que no se debe a una deseable recuperación de la actividad económica. Lo prudente es considerar que el aparente crecimiento actual más se debe a un momento coyuntural que al cambio estructural del modelo productivo, por el que se está haciendo bien poco, por no decir nada. Más bien parece que estemos esperando a que algún país haga de locomotora y nos empuje hacia la salida del túnel.

Y nos plantamos de frente ante el gran problema crónico de nuestro país: el paro, del que ya se ha hablado. Es engañoso hablar de recuperación con las cifras de paro que nos asfixian. Pero llega hasta la burla asegurar que recortando los salarios se va a aumentar el empleo. Eso aumenta la competividad, dicen, las empresas venden sus productos a mejor precio y mantienen el empleo. Tras el golpe mortal que causa a la economía real el reducir el déficit a costa de los debilitados ciudadanos, no se quiere tener en cuenta otras medidas más justas: la competitividad también aumenta si se reduce el reparto de beneficios de los empresarios, si se compite en calidad, si se mejora la estructura productiva. Pero además, si se recortan los salarios, el consumo interno cae. Sí, claro, la solución está en vender fuera, pero eso, ya lo hemos tratado, no hará milagros. Lo que sí se está consiguiendo es que ya no sea necesario deslocalizar más empresas. Las condiciones laborales se han depreciado tanto que multinacionales se están empezando a instalar en España, como hasta ahora se ha venido haciendo en los países del este. Así Botín pudo decir con entusiasmo que está entrando mucho dinero en España. Claro, atraído por gangas a precio de saldo, no solo de empresas sino de inmuebles e instalaciones públicas y privadas.

Nos podemos ya preguntar ¿cuál es la solución? Como ya sabemos, hay dinero. Lo que ocurre es que ha cambiado de manos. La única solución es que se aplique una justa política de redistribución de esa riqueza activando la economía, concediendo salarios justos y restaurando los derechos sociales arrebatados con el pretexto de la crisis. Esto solo se puede hacer obteniendo el dinero de donde se ha ido acumulando: capitales evadidos, economía sumergida de gran calado, y aplicando impuestos progresivos a las grandes empresas, a los grandes patrimonios y a las sociedades especulativas.

¿Están los partidos políticos y los sucesivos gobiernos, incluidos los de la antidemocrática Unión Europea, dispuestos a cambiar de política? Han demostrado que, con el apoyo de la troica, sus políticas neoliberales tienen un objetivo: conseguir el debilitamiento de los estados democráticos en beneficio del poder económico: la denominada plutonomía o plutocracia.

¿Dónde están los ciudadanos? El pueblo, que, ateniéndonos a la etimología de la palabra democracia (poder del pueblo), es quien debería ostentar el poder legítimo para cambiar la orientación de esta política cuyos efectos colaterales la asemejan a un genocidio de la clase baja. Pero el pueblo parece estar alienado, desunido, intimidado, incluso aliado con el poder establecido por culpa de la propaganda que impone la cultura política hegemónica.

Finalmente nos tenemos que preguntar: ¿Es posible conseguir la unión de una mayoría amplia para parar el tren que nos viene de frente proyectando esa engañosa luz que alguien cree ver como el final del túnel?


Sobre algunos de los contenidos de esta entrada se puede leer un interesante artículo del economista Alberto Garzón del que proceden los elocuentes gráficos adjuntos. Picar aquí.

12 ene 2013

Latrogenocidio (1)


Los gobiernos democráticos se deben a los ciudadanos, que mediante sufragio universal les dieron el poder para que gobernaran en beneficio del interés general. Para cumplir el mandato disponen de los recursos que le proporcionan los impuestos de todos. El mandato constitucional obliga a que los impuestos sean progresivos, es decir que el que más ingresos tiene pague más, según tramos de porcentajes progresivos.

Hasta aquí todo parece justo y claro. Lo que ocurre es que en la práctica los gobiernos se confabulan o se pliegan a las presiones de los poderosos o comparten sus intereses y se impone la voluntad de los lobbys en perjuicio del interés general. La Constitución y la voluntad popular quedan vulneradas. Este engaño se hace realidad en la inflación de consejeros públicos, en los frecuentes casos de corrupción, en el nepotismo, en el clientelismo, en los tratos preferentes a la banca, a las eléctricas, a las petroleras, a la inversión especulativa, que en tiempos de crisis siguen aumentando sus beneficios a costa del sacrificio de los que menos tienen; son amnistiados defraudadores y delincuentes poderosos; se desentienden de la regulación de su actividad económica o se legisla a su favor en contra del pueblo – que deja de ser soberano–, por lo que legalizan una práctica política que es ilegítima, por inmoral y nada ética. Se dice que actúan al revés que los bandoleros del siglo XIX, porque roban a los pobres para dárselo a los ricos: el Estado cede poder ante los intereses de la empresa privada y de los mercados debilitando el poder de la ciudadanía que es obligada a soportar grandes sacrificios atentando contra los derechos individuales que proclama la Constitución, osando corromper los fundamentos de la Democracia.

Muchas personas, como consecuencia de estas políticas, se ven en la pobreza, son desahuciadas de sus viviendas, están en el paro y sin protección por desempleo, no pueden pagar sus tratamientos, ven reducidas sus pensiones, pierden aceleradamente poder adquisitivo, la juventud no tiene claro su futuro y se llega al límite de la desesperación. Cada vez, desgraciadamente, se dan más casos de suicidio, de muertes prematuras en los casos graves de dependencia no atendida, de extrema pobreza o de depresiones profundas. Y los gobernantes no quieren aceptar que son ellos los responsables, directos o indirectos, del robo y de los homicidios, que no sucederían si las leyes que aprueban fueran dirigidas a procurar el bien común.
¿Procede llamar a esta forma de hacer política “latrogenocidio”? Lo justo sería que fuera castigada por leyes –que tendrían que haber sido promulgadas desarrollando los artículos constitucionales que protegen los derechos de los ciudadanos y prohíben la especulación–, cuando los gobiernos incumplen el espíritu y la letra de la Carta Magna.