Pensiones con futuro (7)

De lo expuesto hasta ahora se deduce que el acoso a las pensiones y su supuesta inviabilidad han creado una opinión pública generalizada que provoca el miedo al futuro de las pensiones, como venimos repitiendo. Los recortes emprendidos aprovechando la crisis no obedecen a unas medidas coyunturales para paliar el efecto de la misma, sino a una estrategia premeditada para debilitar al Estado y consolidar los poderes económicos. Para conseguirlo ocultan las alternativas posibles y juegan a la confusión manipulando verdades a medias como estas:

1º Es lógico pensar que la proyección a largo plazo de la población española parece indicar que podrá haber dificultades para cubrir los gastos de las pensiones futuras con el aporte exclusivo de los cotizantes. La relación actual es de 2 cotizantes por cada pensionista (16 millones de cotizantes costean a 8 millones de pensionistas. Los más pesimistas creen que hacia 2050 la ratio podría caer a 1,6). Sin embargo la solución del problema se suele ocultar: Por un lado, menos trabajadores, con mejores recursos técnicos, pueden aportar mucho más al PIB, como ha pasado en los últimos cincuenta años; por otro lado, seis millones de desempleados podrían resolver completamente el problema si las políticas tendieran al pleno empleo, cosa que aborrece el gran empresario porque perdería el control sobre los salarios.

2º Las previsiones de crecimiento indefinido de la productividad, tal como hoy la concebimos, son bastante dudosas porque los efectos de la crisis están siendo muy profundos y prolongados. Es cierto pero, en todo caso, lo que hay que cambiar es el sistema productivo porque, con el actual, la cuota ecológica sería incompatible con la calidad de vida en el planeta. Pero eso no quiere decir que el PIB no pueda crecer y que el reparto de la tarta no pueda ser solidario con los pensionistas.

3º Las pensiones —aseguran— no serán sostenibles. Pero hay que saber que en España el 70% de las pensiones no superan los 1.000 euros mensuales. La pensión media contributiva es un 25% de la de la UE, y la no contributiva casi un 50%. Con una pensión mínima contributiva actual de 630 euros y la no contributiva de 365 euros, teniendo que pagar cada vez más servicios privatizados y crecientes impuestos indirectos, copagos, además de otras cargas familiares, a las personas mayores les esperarían unos años duros bordeando la pobreza al final de la vida. Esta situación es la intolerable.

4º Las políticas actuales, que el gobierno califica de coyunturales para salir de la crisis, son para quedarse, para cambiar la estructura político-económica según la doctrina neoliberal incitando a caer en la trampa de los fondos de pensiones. Rechazan como cosa del diablo aportar recursos del Estado. La propaganda, al insistir en que las pensiones no son sostenibles, engaña a la opinión pública y genera el miedo suficiente como para que se acepte el cambio de paradigma sin crítica ni oposición. ¡Que viene el lobo! Pero, ¿quién es el lobo? Se está imponiendo, ante la inoperancia de una ciudadanía engañada, la banalización de la opacidad, de la mentira, de la desvergüenza y de la corrupción, mientras se desmantelan los servicios sociales.

Conviene hacer una consideración antes de cerrar el capítulo que nos ocupa por su proyección sobre las nuevas generaciones. Los Presupuestos Generales del Estado incluyen los gastos de cada año, como es sabido. Pero, así como los gastos en Defensa se mantienen por una interesada y falsa idea preventiva, otras partidas anuales están, o también deberían estar, orientadas hacia el futuro, es decir, basan su necesidad en la solidaridad intergeneracional, movidos por un sentimiento y una determinación social de garantizar un patrimonio colectivo —hoy por ti, mañana por mí— que beneficie a las generaciones futuras. Hablamos de Educación, Pensiones y Ecologismo. Esta voluntad colectiva se tiene que reforzar con la práctica política desde lo público. 

Pero si las políticas neoliberales insisten con su propaganda en asustar con la cantinela de que las pensiones, la educación y el gasto en medioambiente son una carga insoportable para el Estado, los ciudadanos acabarán asumiendo que la mejor política es que los gobiernos se desentiendan de lo público en beneficio de lo privado. ¡Que cada cual aguante los embates de la vida como buenamente pueda! Así, la sociedad atomizada, no reaccionará. Con estas políticas se propaga el individualismo egoísta y se destierra el socialismo solidario, dejando indefenso al precariado. Incluso las leyes que cohesionan la vida pública —salvo aquellas que protegen a los poderosos— serán consideradas como un atentado contra la libertad de los individuos. El autoengaño justificará que la mejor defensa sea la que ejercen los propios ciudadanos usando sus recursos y su fuerza. Es la tendencia que observa en EEUU Tony Judt en su libro Algo va mal. Esta otra moda del Imperio nos va a seguir contaminando, si no lo impedimos.

Continuarán las pensiones

Latrogenocidio (1)

Los gobiernos democráticos se deben a los ciudadanos, que mediante sufragio universal les dieron el poder para que gobernaran en beneficio del interés general. Para cumplir el mandato disponen de los recursos que le proporcionan los impuestos de todos. El mandato constitucional obliga a que los impuestos sean progresivos, es decir que el que más ingresos tiene pague más, según tramos de porcentajes progresivos.

Hasta aquí todo parece justo y claro. Lo que ocurre es que en la práctica los gobiernos se confabulan o se pliegan a las presiones de los poderosos o comparten sus intereses y se impone la voluntad de los lobbys en perjuicio del interés general. La Constitución y la voluntad popular quedan vulneradas. Este engaño se hace realidad en la inflación de consejeros públicos, en los frecuentes casos de corrupción, en el nepotismo, en el clientelismo, en los tratos preferentes a la banca, a las eléctricas, a las petroleras, a la inversión especulativa, que en tiempos de crisis siguen aumentando sus beneficios a costa del sacrificio de los que menos tienen; son amnistiados defraudadores y delincuentes poderosos; se desentienden de la regulación de su actividad económica o se legisla a su favor en contra del pueblo – que deja de ser soberano–, por lo que legalizan una práctica política que es ilegítima, por inmoral y nada ética. Se dice que actúan al revés que los bandoleros del siglo XIX, porque roban a los pobres para dárselo a los ricos: el Estado cede poder ante los intereses de la empresa privada y de los mercados debilitando el poder de la ciudadanía que es obligada a soportar grandes sacrificios atentando contra los derechos individuales que proclama la Constitución, osando corromper los fundamentos de la Democracia.

Muchas personas, como consecuencia de estas políticas, se ven en la pobreza, son desahuciadas de sus viviendas, están en el paro y sin protección por desempleo, no pueden pagar sus tratamientos, ven reducidas sus pensiones, pierden aceleradamente poder adquisitivo, la juventud no tiene claro su futuro y se llega al límite de la desesperación. Cada vez, desgraciadamente, se dan más casos de suicidio, de muertes prematuras en los casos graves de dependencia no atendida, de extrema pobreza o de depresiones profundas. Y los gobernantes no quieren aceptar que son ellos los responsables, directos o indirectos, del robo y de los homicidios, que no sucederían si las leyes que aprueban fueran dirigidas a procurar el bien común.

¿Procede llamar a esta forma de hacer política “latrogenocidio”? Lo justo sería que fuera castigada por leyes –que tendrían que haber sido promulgadas desarrollando los artículos constitucionales que protegen los derechos de los ciudadanos y prohíben la especulación–, cuando los gobiernos incumplen el espíritu y la letra de la Carta Magna.