Las pensiones, como el resto de las prestaciones sociales que conforman el llamado estado del bienestar en las democracias, se encuentran sometidas a las ideologías políticas, es decir, están vinculadas a los diferentes modos de concebir el mundo y de las teorías económicas que tratan de legitimar sus doctrinas. Para conseguirlo, la ideología imperante urde un sistema de sabiduría convencional mantenida y divulgada a través de los medios de propaganda que proporcionan una cultura hegemónica que la mayoría de los de abajo, paradójicamente, asumen, divulgan y sufren. La macroeconomía se crea en los años cuarenta como un sistema científico de conocimiento de los fenómenos económicos que tenía como finalidad evitar otra crisis como la del 29. Sin embargo, la ideología conservadora, acaparadora histórica de los poderes políticos y económicos, ha tejido un hábil código de dogmas, mitos y realidad seductora que de forma irracional captan las mentes, las voluntades y el voto del electorado en beneficio de los poderosos. La habilidad en el engaño llega a hacer ver necesarias, y sin más alternativa, medidas que atentan impunemente contra los derechos de los de abajo sin que éstos perciban que con ello aumenta el poder y la riqueza de los de arriba. Se impone un sistema mediante el cual la clase dominante, con el mínimo esfuerzo, se apropia de la riqueza producida por la ciudadanía. La democracia se convierte así en una pantomima de gestos que tratan de ocultar la violación de los derechos que deberían garantizar el bienestar general.
Simplificando mucho podemos decir que hay, dentro del sistema capitalista actual, dos teorías económicas contrapuestas que se ponen de manifiesto, sobre todo, en los períodos de crisis:
1.- Citaremos a dos premios Nobel de economía: Uno es Milton Friedman, que en su Escuela de Chicago gestó parte del actual latrogenocidio de las políticas neoliberales (por ejemplo, en el Chile de Pinochet, los Chicago Boys consiguieron, entre otras medidas antisociales, la privatización de las pensiones). Le precedió otro nobel artífice de la doctrina neoliberal: Friedrich Hayek, del que la Dama de Hierro, señora Thatcher, aprendió a eliminar paulatinamente el poder del Estado en favor de la empresa privada, llevándose por delante, sindicatos, educación, sanidad, pensiones; llegando a decir que “la sociedad no existe”, es decir, solo hay individuos aislados, sin poder, sometidos al orden establecido, que producen en las peores condiciones laborales y consumen.
Esta doctrina trata de reducir el Estado al mínimo imprescindible, lo justo para servirse de él en los períodos de crisis en un mercado sin reglas, en el que predomina la especulación financiera sobre la economía productiva. Persiguen controlar el gasto y reducir el déficit público; bajar los impuestos a los ricos; combatir a los sindicatos; basar la competitividad en dejar los salarios bajo mínimos, aunque incrementando sus beneficios; recortar al máximo los gastos en servicios sociales; desprestigiar lo público para que todo sea privatizado (pensiones, sanidad, educación…), excepto las pérdidas de la banca y de las grandes empresas.
Es la política que se dicta actualmente desde Bruselas y que está llevando al desastre a la Europa marginal. Estas políticas logran su mayor eficacia aprovechándose del miedo paralizante que provocan los momentos de crisis, de catástrofes naturales, de guerras, de dictaduras… Esto está muy bien documentado por la periodista canadiense Naomi Klein en La doctrina del shock, como vimos en otro artículo (14-10-2012): Las políticas del desastre.
2.- La teoría keynesiana. Toma su nombre de John Maynard Keynes, un nobel de economía que jugó un papel importante, sobre todo, tras la Gran Depresión del 29, pues sus teorías económicas aplicadas por el presidente Franklin D. Roosevelt a través de su plan económico del New Deal permitieron remontar la crisis en EEUU.
El plan Keynes se apoyaba en la creación de un órgano internacional de compensación, el International Clearing Union (ICU. Unión Internacional de liquidación), que emitiría una moneda internacional (Bancor) vinculada a las divisas fuertes con un cambio fijo. Mediante la ICU los países con excedentes financiarían a los países deficitarios. Así se tendría la ventaja de hacer crecer la demanda mundial y de evitar la deflación, lo que sería beneficioso para todos los países. EEUU, que poseía un enorme superávit, rechazó la propuesta e impuso la hegemonía del dólar. En esta Conferencia se creó el FMI y el BM, y más tarde (1948) la OCM. Aquí se fraguó la definitiva supremacía del poderoso imperio económico estadounidense. Hasta los años setenta, sus políticas keynesianas inauguran la llamada Edad Dorada del Capitalismo de Estado. Pero a partir de la citada década, la desregulación de los negocios especulativos (como comentábamos en nuestro anterior artículo (31-07-2012): El Gigante Hambriento) provoca el inicio del despótico período neoliberal que ha llevado hasta la crisis de los últimos años.
Ante la crisis actual, provocada por la codicia que anima el sistema que, carente de regulación política, actúa a sus anchas, otros economistas siguen la tesis keynesiana. Advierten de que, en la crisis actual, las políticas que solo atienden al control del déficit llevan a la paralización económica, al desempleo y a la recesión, entrando en un círculo vicioso que hunde a las clases bajas. Aseguran que en tiempos de crisis, aplicar recetas de austeridad es suicida. Entre estos economistas cabe citar, entre otros, a Joseph Stiglitz y a Paul Krugman. Son, por lo tanto partidarios de la intervención del Estado para reactivar la economía, fomentar el empleo y el consumo. Regular la actividad económica de las multinacionales y de la banca. Proteger los servicios sociales mediante la subida de impuestos y otras medidas. Representan para los ciudadanos la cara menos inhumana del capitalismo. Se encuentran siempre con una contundente oposición por parte de los políticos neoliberales y de los gurús del poder económico que está llevando a cabo una ominosa operación de desmantelamiento de las democracias a las que suplen para el saqueo y apropiación de la riqueza mundial.
Papel del Estado frente al verdadero poder
El principal deber del Estado democrático debe ser conseguir la mayor igualdad entre los ciudadanos, en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural. Pero el poder político imperante no suele cumplir este contrato social, reflejado en parte en la Constitución, porque, guiado por la ideología neoliberal, cede a la presión de los lobbies de la banca y de las grandes empresas e incluso se identifica con sus intereses (recordemos la metáfora de la puerta giratoria, fielmente reflejado en este pérfido eufemismo: “capital relacional”; pero no al servicio del Estado, sino de intereses particulares). Blindados por la inmunidad parlamentaria, escusados por la mayoría alcanzada con el voto de los electores, algunos políticos se corrompen y se protegen dictando leyes que resultan ilegítimas, como es el caso referido a EEUU en el mandato de Clinton y que cita Josep Fontana: «… como dice Robert Scheer [periodista], se les había garantizado a los especuladores la impunidad, dada su capacidad de “modificar las leyes antes de cometer el crimen”».
De este modo, el Estado, el único garante de la justicia social a través de los gobiernos, incumple el mandato constitucional, beneficia a los poderosos y abandona a su suerte a los pobres, a los que tienen un empleo precario y a los más vulnerables como son los parados y la mayoría de los pensionistas.
Continuaremos con las pensiones
