Pensiones con futuro (3)

El futuro de las pensiones

Las dos entradas precedentes han puesto de manifiesto el ecosistema político y económico en el que se planifica y se impone la doctrina neoliberal que supone el ataque a las pensiones y el desmantelamiento general del estado del bienestar y la vulneración de los derechos cívicos.

Así podremos entender los intereses ocultos que provocan el supuesto problema de las pensiones: Para los poderes económicos y para los políticos que siguen sus consignas, son inviables si no se reforma el sistema recortando gastos; para otros, defensores de los derechos sociales, el futuro de las pensiones no estaría amenazado si se tuviera la voluntad política de aportar los recursos necesarios. 

Los partidarios de recortar gastos ocultan sus planteamientos ideológicos y tratan de justificar sus políticas interpretando a favor de sus intereses, aprovechando los datos que proporcionan los efectos coyunturales de  la crisis, algunas de las parciales o aparentes verdades como las siguientes:

1- La longevidad de la población española aumentará el número de jubilados.

2- La disminución de la población laboral activa, reducirá el número de cotizantes.

3- La merma progresiva de los salarios reducirá la cuantía de las cotizaciones.

4- El alto índice de desempleo parece un mal endémico que puede durar décadas.

5- Además, la caída de la actividad económica ralentizará el crecimiento del PIB. 

6- El período formativo (hasta el inicio de la etapa laboral) se retrasa desde los 18 hasta casi los 30 años. La edad efectiva de jubilación (incluye las jubilaciones anticipadas) era en 2010 de 61,4 años (hombres) y 63,1 (mujeres). Estos datos indican que se acorta el período laboral y se alarga el de la percepción de pensiones.

No les resulta difícil concluir que, si esta situación persiste, los gastos superarán a los ingresos de las cotizaciones, la hucha de la Seguridad Social se vaciará en pocos años y el sistema será inviable. Por otro lado, se dice que, como mínimo, están garantizadas hasta 2029. Pero muchos economistas y el propio Banco de España venían insistiendo en que había que reformar ya el sistema de pensiones. Es lo que ha llevado a los últimos gobiernos, a través del Pacto de Toledo, a emprender la reforma (con la incomprensible bendición sindical). Esta ya está aquí desde enero: alarga la edad de jubilación hasta los 67 años y el tiempo de cotización para el cálculo de la cuantía de las pensiones se sube de los 15 a los 25 años, de forma gradual hasta 2027. Esta última medida supone una reducción final de la pensión de un 5 %.

Lo previsible es que, con la aplicación de las nuevas políticas neoliberales —que ya están en marcha— las pensiones, directa e indirectamente, como ya ocurre, irán disminuyendo su poder adquisitivo cada año. Para paliar esta situación, desde hace algunas décadas, la publicidad del mundo de las finanzas nos viene recomendando suscribir un fondo de pensiones privado —es el sistema privado de capitalización, frente al sistema público de reparto— como complemento de la jubilación. Es una opción que incrementa el beneficio de las instituciones financieras. Supondría un riesgo real de pérdida de los ahorros de toda la vida, si es que el salario de un trabajador diera para algún ahorro. Es una muestra de la voracidad del interés privado y de la connivencia de los “responsables” públicos que apoyan estas recomendaciones y facilitan su opción con ventajas fiscales. Ni más ni menos que lo marcado en el Libro Blanco sobre Pensiones que la UE presentó en 2012, porque a Bruselas, dirigida por neoliberales a las órdenes de Merkel, los recortes sociales le parecen siempre insuficientes.

Ya en 2010, el llamado informe FEDEA (firmado por 100 economistas afines —según V. Navarro— a los intereses de la banca) partiendo de una interesada interpretación alarmante de unos supuestos datos, solo contemplaba un único modelo: Establecer un sistema automático de cálculo de las pensiones en función de los diferentes factores económicos que surjan en cada momento (factor de sostenibilidad), recortar los beneficios, retrasar la edad de jubilación y contemplar toda la vida laboral para el cálculo de las pensiones, además de recomendar la opción de los fondos y planes de pensiones complementarios. 

En el presente año 2013, se van cumpliendo una a una todas las amenazas de atacar de frente y sin rodeos las pensiones, tan trabajosamente conseguidas a lo largo de las últimas décadas. Primero con la puesta en marcha de la reforma de 2011 ya mencionada. En segundo lugar, el decreto ley del pasado 15 de marzo, que también hemos comentado. Y el temido informe del comité de expertos citado en las entradas anteriores ha sido entregado al gobierno el pasado mes de mayo. Aunque insinúan que será llevado al Pacto de Toledo, nos tememos que finalmente impongan su mayoría absoluta para cumplir las directrices que marca Bruselas de seguir reformando las pensiones para permitir ampliar el plazo de cumplimiento del déficit —por cierto un problema este que crea el neoliberalismo como escusa y coartada para saquear las arcas del Estado—. Resumiendo y volviendo al tema, la aplicación de las recomendaciones del informe de los doce “sabios” —ya dijimos que nueve de ellos son afines a los intereses de la banca, de las financieras y de las grandes compañías aseguradoras—, con un solo voto en contra y un apoyo incomprensible del

representante de CCOO —aunque con la condición de que se aplazara la aplicación hasta 2019—, supone dos graves atentados a la cuantía de las pensiones, las presentes y las futuras: Uno, desvincular la actualización de las mismas del IPC; si la economía va mal, las pensiones irán mal, lo que pareciendo lógico no deja de ser injusto con los más vulnerables, sobre todo en los malos tiempos. Y algo aún peor porque castiga cruelmente a los más ancianos al reducir año a año la pensión con el pretexto de hacer viable el sistema ante el aumento de la expectativa de vida. A esto hay que añadir lo que se acaba de explicar más arriba que apunta el informe FEDEA.

No han disimulado la intención de privatizar las pensiones con estas reformas. El pasado día 21 de junio se leía este titular en la prensa: Guindos ultima su propuesta para impulsar las pensiones privadas. Y aparece como la cosa más normal del mundo que España debe situarse al nivel de la media europea, es decir debe llegar a “una masa de ahorro adicional no menor de los 300.000 millones de euros”. Aunque Rajoy disimula, el gobernador del Banco de España y la Dirección General de Seguros están apuntando ya cual va a ser el futuro de las pensiones: reducir hasta lo imposible el actual sistema de reparto, es decir, aquel en el que los trabajadores de hoy cotizan para los pensionistas de hoy, con la seguridad de que en el futuro seguirá siendo así; es el sistema denominado de solidaridad intergeneracional que está proporcionando una valiosa cohesión social.
 Esta ruptura y reducción del sistema público de pensiones incitará ­—con el aliciente de “las potentes ventajas fiscales” que le ofrezca el Estado, en lugar de reforzar el fondo de reserva de las pensiones­— a los que puedan ahorrar, a suscribir un plan de pensiones privado que, además de engrosar el botín de las grandes compañías especuladoras que cobran numerosas comisiones mermando su no tan ventajosa rentabilidad, suponen un grave riesgo para los ahorradores porque el capital de su ahorro se verá amenazado por los vaivenes de las inversiones globalizadas. A esto hay que añadir la grave atomización de la sociedad, la egoísta conducta del sálvese quien pueda y, por lo tanto, la consolidación de un sistema social individualista y cada vez menos igualitario.

Lo peor de todo este asunto es que la ciudadanía parece que esto lo contempla como el que ve llover, como si la ancianidad fuera algo ajeno o muy lejano. Los capitalistas doctrinarios del neoliberalismo saben “vender” su machacona mentira (“no hay otra alternativa”) envuelta en papel de regalo y… ¡vale!, pues ¡muchas gracias!

En la próxima entrada empezaremos a ver qué opinan otros expertos.