27 ene. 2013

Latrogenocidio (y 2)


En artículos anteriores se viene insistiendo en que estas políticas que estamos padeciendo, que acaban colonizando países y esclavizando a ciudadanos, y tienden a acabar siendo latrogenocidas, obedecen a una ideología neocon o neoliberal. Sin dejar de ser esto cierto, una reflexión más profunda nos sugiere otra realidad: la globalización de una conciencia amoral que, desde cualquier poder, impregna las acciones políticas, económicas y sociales, deshumanizando las relaciones de las personas y alejándonos del respeto de los derechos humanos. 

Es también evidente el fracaso del socialismo y otros “ismos”, que –como ocurre con el cristianismo y otras doctrinas e ideologías– se degenera en la práctica casi desde sus orígenes y aplican las mismas estrategias de dominio y desigualdad que los defensores del codicioso sistema capitalista. Los representantes de la ciudadanía acaban usando el poder para legislar y gobernar en beneficio propio y de los de arriba. Un ejemplo más de depravación lo acaba de dar el actual gobierno que prepara una ley para permitir que personajes condenados por delitos puedan dirigir sin ningún problema entidades financieras. ¿Puede haber ciudadanos que soporten estas granujadas tan contentos?

La pregunta clave puede ser: ¿Qué posibilidades tiene el ciudadano para cambiar la situación? El panorama político que ofrecen los partidos es desalentador, porque se alternan en los gobiernos sin cumplir lo prometido en sus programas electorales y, lo que es peor, violan los derechos individuales que proclama la Constitución, utilizan el Estado en su provecho y usan el sistema democrático para legitimarse cada cuatro años. Por lo tanto, ¿sería posible forzar el cambio para restituir el Estado de Derecho? ¿Cómo? ¿Puede el ciudadano engañado cambiar su mentalidad de sumisión del esclavo por una actitud de rebeldía ante la situación ilegítima en que incurre el poder? ¿Se podrán unir cuantas más voluntades mejor para proponer y exigir a través del voto mayoritario un programa justo que refuerce la democracia y tienda a conseguir que se respete la Constitución y los Derechos Humanos? ¿Podría asumir algún partido el compromiso de cumplir dicho programa? ¿Podría, con todas las garantías, recibir el voto de esa mayoría para conseguir un nuevo poder político que estuviera siempre sometido a la vigilancia del pueblo soberano?

Como el actual criterio contrapuesto de los votantes no parece que vaya a cambiar la situación, no habrá solución si una inmensa mayoría de ciudadanos críticos con la deriva del sistema no alcanzan unidos un gran poder democrático –pacífico y mantenido con presión y control permanente– mayor que el de los lobbys que dominan el poder económico mundial. Con ese poder, reflejado en el voto selectivo, ¿el compromiso con los ciudadanos sería burlado tan fácilmente?

Si los ciudadanos comprometidos asumieran el control de su futuro, se podría evitar que, en situaciones insoportables de extrema necesidad, estallara un conflicto social de incalculables proporciones. La historia muestra muchos ejemplos de trágicos acontecimientos en los que siempre acaban siendo las víctimas los más débiles. En otro sentido, la ciudadanía con menos conciencia social, en estas situaciones de crisis, es muy vulnerable a los “cantos de sirena” que le puede llegar de los salvadores de patrias, enemigos de la democracia, como ya ocurre en Grecia, otra víctima de la crisis, con el partido fascista –¡qué maravillosa trampa!– Amanecer Dorado.

En la próxima entrada intentaremos ver si es posible ponerle el cascabel al gato.

12 ene. 2013

Latrogenocidio (1)


Los gobiernos democráticos se deben a los ciudadanos, que mediante sufragio universal les dieron el poder para que gobernaran en beneficio del interés general. Para cumplir el mandato disponen de los recursos que le proporcionan los impuestos de todos. El mandato constitucional obliga a que los impuestos sean progresivos, es decir que el que más ingresos tiene pague más, según tramos de porcentajes progresivos.

Hasta aquí todo parece justo y claro. Lo que ocurre es que en la práctica los gobiernos se confabulan o se pliegan a las presiones de los poderosos o comparten sus intereses y se impone la voluntad de los lobbys en perjuicio del interés general. La Constitución y la voluntad popular quedan vulneradas. Este engaño se hace realidad en la inflación de consejeros públicos, en los frecuentes casos de corrupción, en el nepotismo, en el clientelismo, en los tratos preferentes a la banca, a las eléctricas, a las petroleras, a la inversión especulativa, que en tiempos de crisis siguen aumentando sus beneficios a costa del sacrificio de los que menos tienen; son amnistiados defraudadores y delincuentes poderosos; se desentienden de la regulación de su actividad económica o se legisla a su favor en contra del pueblo – que deja de ser soberano–, por lo que legalizan una práctica política que es ilegítima, por inmoral y nada ética. Se dice que actúan al revés que los bandoleros del siglo XIX, porque roban a los pobres para dárselo a los ricos: el Estado cede poder ante los intereses de la empresa privada y de los mercados debilitando el poder de la ciudadanía que es obligada a soportar grandes sacrificios atentando contra los derechos individuales que proclama la Constitución, osando corromper los fundamentos de la Democracia.

Muchas personas, como consecuencia de estas políticas, se ven en la pobreza, son desahuciadas de sus viviendas, están en el paro y sin protección por desempleo, no pueden pagar sus tratamientos, ven reducidas sus pensiones, pierden aceleradamente poder adquisitivo, la juventud no tiene claro su futuro y se llega al límite de la desesperación. Cada vez, desgraciadamente, se dan más casos de suicidio, de muertes prematuras en los casos graves de dependencia no atendida, de extrema pobreza o de depresiones profundas. Y los gobernantes no quieren aceptar que son ellos los responsables, directos o indirectos, del robo y de los homicidios, que no sucederían si las leyes que aprueban fueran dirigidas a procurar el bien común.
¿Procede llamar a esta forma de hacer política “latrogenocidio”? Lo justo sería que fuera castigada por leyes –que tendrían que haber sido promulgadas desarrollando los artículos constitucionales que protegen los derechos de los ciudadanos y prohíben la especulación–, cuando los gobiernos incumplen el espíritu y la letra de la Carta Magna.