EL MUNDO DE GALLARDÓN

Colaboración de la compañera Alondra

Ruiz Gallardón ha elaborado una ley para regular mejor el derecho al aborto, a la que califica de la más progresista del Gobierno.

¿En qué mundo se mueve el Ministro que no oye las voces de la sociedad (incluida la suya) o de la prensa nacional e internacional que la tachan de ultrarreaccionaria y abusiva?

Sirva de muestra el editorial (23 -12 -2013) del The Times –referente mundial del periodismo conservador- que dice: “Trasladar la legislación penal a un tema de salud y de conciencia de las mujeres es un abuso de poder del Gobierno”. Una práctica que el editorial asimila a los regímenes autocráticos.

Dice Gallardón que por primera vez la mujer no es culpable del aborto. Se puede consentir tamaña ofensa?

Esta ley reduce a la mujer a una mera incubadora y le niega el derecho a disponer de su cuerpo en los primeros meses del embarazo (por la contraposición de opiniones sobre la célula cigoto). La convierte en menor de edad al limitar enormemente los supuestos de una decisión que solo le corresponde a ella y duda de su criterio al hacerla pasar por el dictamen de una serie de personas que, a veces, ni ella misma elige.

Dice Gallardón que esta ley protege al concebido y el derecho de las mujeres a ser madres. ¿Acaso antes se les obligaba a abortar?

En cuanto al concebido, lo más importante no es darle la vida sino en qué condiciones de calidad se desarrollará esa vida y, muy posiblemente, alguien que nace con una grave malformación no disfrute de esa calidad.

El aborto es una realidad social innegable y esconder la realidad no la cambia. Solo que, en adelante –como en los tiempos más siniestros del franquismo y nacionalcatolicismo- quien tenga dinero se irá a un país desarrollado a que le solucionen su problema o el de su hija adolescente con todas las garantías y quien no tenga se jugará la vida y posibles futuros embarazos en manos de un “matarife” y en condiciones deplorables, cuando no inhumanas.

Es otra desigualdad más entre ricos y pobres y otra concesión al capitalismo (las clínicas y medios privados harán su gran negocio clandestino; se convierte un derecho social en una privatización más). Como dice Iñaqui Gabilondo: “La ley desampara a las mujeres y ampara hipocresías”.

Esta ley recoge la ideología de la derecha más extrema. Se asienta y reafirma en ciertas creencias religiosas -que ven a la mujer como un ser débil, poco fiable y portadora de pecado- en cuyo mundo se ha instalado el Ministro, sin tener en cuenta que un legislador ha de legislar para todos (con sus distintas formas de pensar) y que nadie puede imponer una ideología (como defiende el Sr. Monago, Presidente de Extremadura, del Partido Popular) ni puede obligar a un sufrimiento por sus creencias.

Además, es una ley totalmente innecesaria porque no ha habido controversia social ni datos estadísticos que justifiquen esta revuelta reaccionaria.

Día Mundial de la Declaración Universal de Derechos Humanos

Hoy se cumplen 65 años de la declaración de los derechos de todas las personas que conviven en este azaroso mundo. La lectura de algunos de los considerandos del Preámbulo, que ofrecemos al final, ya orienta sobre el alcance de tan trascendente paso en la historia de la Humanidad. Los 30 artículos que contiene significan una revolución ante las políticas que se aplican en la totalidad de los países, desde los considerados más democráticos hasta los más tiránicos.

Las recientes declaraciones de elogio enfervorizado de todos los poderosos del mundo a la muerte de Mandela han puesto de manifiesto la hipocresía de los gobernantes, que reconociendo que el papel de los políticos es la defensa de los derechos de los ciudadanos, como hizo inequívocamente Madiba, sin embargo, practican políticas que benefician descaradamente a los ricos y condenan a la pobreza a muchos ciudadanos.

Pese a que el apartheid ha desaparecido oficialmente de Suráfrica, otro apartheid global está imponiendo con beligerancia la clase dominante de los ricos, con la connivencia de los políticos que no dudan en adulterar las democracias: es el del mundo de los ciudadanos víctimas de políticas deshumanizadas; el de las poblaciones que padecen los horrores de las guerras; el de los seres humanos confinados en campos de refugiados; el de los que buscan refugio en los países mal llamados desarrollados, huyendo de las persecuciones políticas o de la hambruna; el de todos los pobres del planeta ––que el alcalde quiere erradicar de nuestra ciudad multando con hasta 900 euros a los que hurgan en los contenedores de basuras––… Es una doble burla a los derechos humanos.

No es mal momento para reflexionar sobre los derechos de todas las personas con el fin de que cada cual oriente sus acciones a que se consigan respetar y obligar a los políticos a que los consideren su objetivo primordial en sus modos de gobernar. Con ello evitarían que la ciudadanía acosada, más lúcida, concienciada y rebelde, reclamara por vías contundentes el cumplimiento de esos justos derechos. Todo esto se propone con reivindicativa exigencia desde los considerandos del Preámbulo hasta el último artículo de la Carta Magna Universal proclamada en 1948. Veamos cómo comienza el Preámbulo:

«Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones… »

(Completar la lectura a través de este enlace)

No a la violencia contra las mujeres

Hoy, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional contra la violencia de género hacia las mujeres. Debe significar un esfuerzo de toda la sociedad por cambiar el signo de la cultura basada en la tradición ancestral de considerar al hombre superior a la mujer. Es verdad que una lucha de decenios ha conseguido el reconocimiento legal de la igualdad, pero en la mente de muchos y muchas permanece la idea de que es natural el dominio del macho sobre las mujeres. Eso permite que en el hogar, en el trabajo, en las instituciones y en las relaciones cotidianas, aun se considere normal que se violen los derechos de igualdad que las leyes les reconocen.

Además de manifestarse y denunciar los casos de violencia de género, hay que mantener un esfuerzo constante para desterrar las prácticas discriminatorias que sutilmente perpetuamos a través del lenguaje, de los comentarios y de las opiniones. Esto no hace sino alimentar los crueles sentimientos de los machistas violentos que descargan sus instintos canallas sobre las que consideran como de su propiedad.

Tiene que llegar el tiempo en el que esta pesadilla que padecen las mujeres y los hijos haya desaparecido para siempre. La educación de las nuevas generaciones ha de alcanzar vivir con la clara idea de que todas las personas, sin distinción de sexo, raza, creencias o condiciones individuales, tienen los mismos derechos. Y esas ideas han de reflejarse en la actitud que impere en la convivencia.

La luz al final del túnel

¡Estamos saliendo de la crisis! ¿Hay pruebas de ello? El ministro Montoro dice que sí: sube la bolsa, baja la prima de riesgo, se está dando un crecimiento neto de las exportaciones, crece levemente el PIB (0,1 %), el banquero Botín dice que está empezando a entrar mucho dinero a España, los bancos obtienen envidiables beneficios… Podría parecer que con estos datos España está superando la fase de recesión y con ello se empieza a remontar la crisis; que se ve la luz al final del túnel.

Pero hay un dato inapelable que se impone tozudamente: En España con la crisis hay más ricos y su riqueza ha aumentado un 20 %; mientras que la población pobre sobrepasa el 25 %, con más de tres millones de pobres severos. La juventud es el principal sector de la población que acapara la tasa más alta de paro (roza el 60 %). Eso significa que el crecimiento futuro del país, respecto de los ciudadanos, sufrirá un retroceso importante desde el punto de vista económico, pero también científico, social, cultural y moral. Este país desmoralizado y sin rumbo camina hacia la distopía, un “mal futuro”.

Ante este panorama, y la insistente propaganda del Gobierno de que España está saliendo de la crisis, hay quien se pregunta con ironía: Muy bien, España está saliendo de la crisis, pero ¿cuándo vamos a salir los españoles? Como el asunto no está para bromas, expongamos algunas ideas extraídas de opiniones de economistas que no pretendan ocultar de forma interesada la realidad.

Para empezar digamos que la deuda pública española está a punto de alcanzar el 100 por 100 del PIB, es decir un billón de euros (por no hablar de la deuda privada que casi duplica a la del Estado). ¿Cómo se está pagando la deuda pública? Pues, como la política de Bruselas exige un control riguroso del déficit (agravado por el saqueo que supone  convertir en deuda pública la deuda privada de la banca  ¾mucho mayor de lo que oficialmente se publica¾ y de otras empresas), deciden reducir el gasto, en lugar de aumentar los ingresos, y ahorrar el dinero recortando en sanidad, en educación, en dependencia, en pensiones, en sueldos, en múltiples servicios sociales… Es decir que del bolsillo del sufrido ciudadano vuela el dinero a las cajas fuertes de los ricos acreedores, que pertenecen a la poderosa clase alta. ¡Menos mal que estamos saliendo de la crisis!

Sigamos el análisis. El crecimiento neto de las exportaciones no se debe al mérito exclusivo de la actividad de las empresas exportadoras: la caída del consumo interno, por un lado, inhibe a las empresas de invertir en renovar su equipamiento, con lo que decae la importación de materias primas y bienes de equipo, y por otro, hace que se busquen mercados en países en desarrollo para vender unos productos con poco valor añadido. El resultado es una balanza exterior ligeramente positiva porque cae la importación, así que no se debe a una deseable recuperación de la actividad económica. Lo prudente es considerar que el aparente crecimiento actual más se debe a un momento coyuntural que al cambio estructural del modelo productivo, por el que se está haciendo bien poco, por no decir nada. Más bien parece que estemos esperando a que algún país haga de locomotora y nos empuje hacia la salida del túnel.

Y nos plantamos de frente ante el gran problema crónico de nuestro país: el paro, del que ya se ha hablado. Es engañoso hablar de recuperación con las cifras de paro que nos asfixian. Pero llega hasta la burla asegurar que recortando los salarios se va a aumentar el empleo. Eso aumenta la competividad, dicen, las empresas venden sus productos a mejor precio y mantienen el empleo. Tras el golpe mortal que causa a la economía real el reducir el déficit a costa de los debilitados ciudadanos, no se quiere tener en cuenta otras medidas más justas: la competitividad también aumenta si se reduce el reparto de beneficios de los empresarios, si se compite en calidad, si se mejora la estructura productiva. Pero además, si se recortan los salarios, el consumo interno cae. Sí, claro, la solución está en vender fuera, pero eso, ya lo hemos tratado, no hará milagros. Lo que sí se está consiguiendo es que ya no sea necesario deslocalizar más empresas. Las condiciones laborales se han depreciado tanto que multinacionales se están empezando a instalar en España, como hasta ahora se ha venido haciendo en los países del este. Así Botín pudo decir con entusiasmo que está entrando mucho dinero en España. Claro, atraído por gangas a precio de saldo, no solo de empresas sino de inmuebles e instalaciones públicas y privadas.

Nos podemos ya preguntar ¿cuál es la solución? Como ya sabemos, hay dinero. Lo que ocurre es que ha cambiado de manos. La única solución es que se aplique una justa política de redistribución de esa riqueza activando la economía, concediendo salarios justos y restaurando los derechos sociales arrebatados con el pretexto de la crisis. Esto solo se puede hacer obteniendo el dinero de donde se ha ido acumulando: capitales evadidos, economía sumergida de gran calado, y aplicando impuestos progresivos a las grandes empresas, a los grandes patrimonios y a las sociedades especulativas.

¿Están los partidos políticos y los sucesivos gobiernos, incluidos los de la antidemocrática Unión Europea, dispuestos a cambiar de política? Han demostrado que, con el apoyo de la troica, sus políticas neoliberales tienen un objetivo: conseguir el debilitamiento de los estados democráticos en beneficio del poder económico: la denominada plutonomía o plutocracia.

¿Dónde están los ciudadanos? El pueblo, que, ateniéndonos a la etimología de la palabra democracia (poder del pueblo), es quien debería ostentar el poder legítimo para cambiar la orientación de esta política cuyos efectos colaterales la asemejan a un genocidio de la clase baja. Pero el pueblo parece estar alienado, desunido, intimidado, incluso aliado con el poder establecido por culpa de la propaganda que impone la cultura política hegemónica.

Finalmente nos tenemos que preguntar: ¿Es posible conseguir la unión de una mayoría amplia para parar el tren que nos viene de frente proyectando esa engañosa luz que alguien cree ver como el final del túnel?

Sobre algunos de los contenidos de esta entrada se puede leer un interesante artículo del economista Alberto Garzón del que proceden los elocuentes gráficos adjuntos. Picar aquí.

Pensiones bajo la guillotina

Lo venían anunciando como una medida ejemplar erigiéndose en salvadores del sistema de pensiones. Todos los argumentos propagandísticos que preceden a los recortes de derechos se contradicen con los efectos que producen: reforma laboral para crear empleo que provoca más paro; ley para mejorar la calidad de la educación que tiende a excluir de la misma a los más pobres; reforma para mejorar la sanidad que resulta de repago… Es la política neoliberal que busca el desmantelamiento de los derechos sociales porque esas políticas de Estado les suponen un obstáculo para el progresivo enriquecimiento de los poderosos.

Y qué decir de las pensiones. ¿Para qué sirve el artículo 50 de la Constitución?: «Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.»

El Gogierno acaba de anunciar que en 2014 las pensiones subirán un 0,25%. ¡Qué alegría! Pero ¡ojo!, para 2022 se quieren ahorrar 33 mil millones de euros. Eso exige afilar bien la guillotina. Para un pensionista que cobre 600 euros y tenga que pagar medicinas, el iva de la cesta de la compra, la luz, el alquiler de la casa, ayudar a sus familiares a salir de la crisis y mil gastos imprevistos, qué le supone ese 0,25% (poco más de 1 euro al mes) si, además de las cargas mencionadas, el índice de precios al consumo (IPC) sube un 1,5 o un 2%. Prometen que cuando las cosas vayan bien se subirá, como máximo, el IPC más el 0,25%. Eso equivale a que, en el mejor de los casos, la pensión recupere el poder adquisitivo perdido pasadas varias décadas. Pobres pensionistas, ¿dónde estarán sus huesos para entonces? 

Hay otro asunto extremadamente inhumano: como la expectativa de vida aumenta, a partir de los 67 años, irá menguando la cuantía de la pensión. Pero, ¿no quieren enterarse de que, con la pérdida del estado del bienestar, la esperanza de vida de los que se están empobreciendo será de diez años menos que los que no tienen problemas económicos. Y si el pensionista se muere a los 68 años, ¿le devolverán a sus familiares lo que año a año ha cotizado para disfrutar larga vida de su pensión?

En artículos anteriores (recomiendo releer Pensiones con futuro del 1 al 9) ya tratamos de argumentar que la reforma de las pensiones era un saqueo planeado que no atendía a las alternativas contrapuestas al informe de los 12 “sabios” que el Gobierno propuso. Y anticipábamos que otros, que no sabemos si son más sabios, pero seguro que son más veraces, estaban preparando un contrainforme basado en medidas alternativas que respetan los derechos de los pensionistas y demuestran que el sistema es viable. Este informe ya se ha hecho público y se puede leer (picar aquí) y, si se considera justo, se puede firmar la adhesión a la propuesta. 

Por si se desea consultar el informe de los 12 sabios del Gobierno, picar aquí. 

Nota: Creo que merece la pena informarse bien dedicando el tiempo necesario para analizar los dos informes porque a la postre todos estamos o estaremos padeciendo o disfrutando los efectos de según qué reforma se haga del sistema de pensiones. Conocidos nuestros derechos, nuestro deber es presionar para que se cumpla el mandato de la Constitución, no solo por la paga, sino por la dignidad.

La ciudadanía paralizada

El desalentador fracaso sucesivo de todos los propósitos anunciados en la modernidad de resolver la pobreza, la guerra y la explotación salvaje de los recursos del planeta, provoca un sentimiento de frustración y malestar arrastrado a lo largo de los tiempos y que, sumidos en la ignorancia, el desconcierto y el individualismo, nos ha ido instalando en la actitud contradictoria del conformismo, a pesar de que todo se ha agravado por los efectos profundos de un saqueo al que llaman crisis, que –además de económica– es política, cultural, social y sobre todo ética.

Los obstáculos que históricamente han impedido un mayor progreso en la conducta social del homo sapiens pueden ser múltiples, pero algunos parecen evidentes: 

La propia dotación biológica del ser humano de agresividad y egoísmo –necesaria para afirmarse en el medio natural como individuo– que perdura en el medio social con la tendencia a que se imponga la ley de los poderosos sobre los más desafortunados. 

La certidumbre que proporciona el poder y la apropiación de los recursos –potenciado por el capitalismo especulativo, generador del aumento de la pobreza mundial–, que dota de un viejo instrumento de fuerza dominadora frente a los demás: la riqueza. 

La consolidación de conductas perversas de ciertos políticos que, entregados a la clase que posee el poder económico, corrompen el sistema democrático y traicionan a los ciudadanos. 

La impunidad con que se violan los derechos humanos desde todas las instancias: políticas, económicas y sociales. 

La indefensión que padecen las víctimas de las injusticias en todo el mundo cuando carecen de recursos económicos. 

La estigmatización que sufren por el hecho de serlo los marginados, los perseguidos y los desgraciados del mundo. 

La indiferencia que muestran la mayoría de los intelectuales que son abducidos por la magia del poder y del éxito personal. 

El débil compromiso social de la militancia política, sindical, trabajadora, religiosa o estudiantil universitaria, que con frecuencia viven inmersos en intereses sectoriales o en ambiciones personales. 

La impotencia, frente a la dura represión policial, de los grupos de contrapoder que luchan de forma altruista y pacífica para desmontar la resistente dinámica abusiva del sistema. 

La insuficiencia de las acciones caritativas o solidarias de las redes sociales y familiares que tratan de atender lo que los gobiernos desatienden. 

La irresponsabilidad, la indiferencia y la falta de compromiso de la gran masa ciudadana que se desentiende de su deber cívico de exigir que los gobiernos cumplan con su responsabilidad de administrar los recursos del Estado en beneficio del interés general en lugar de gobernar para los poderosos. Por el contrario, con frecuencia apoyan a sus depredadores. 

A todo esto se une el persistente estado del miedo y el sufrimiento de los habitantes del planeta por las guerras, los terrorismos y la delincuencia, que sirven de pretexto a los políticos para restringir los derechos cívicos en nombre de la seguridad ciudadana, convirtiendo al controlador en controlado. 

A veces me pregunto cómo un solo pastor con su perro puede dominar a miles de ovejas.

Pensiones con futuro (y 9)

¿Es viable la propuesta del Frente Cívico: Ninguna pensión por debajo del SMI?

En una entrada anterior (11-2-2013) titulada El carnaval de los perversos, incluía un provisional decálogo del Frente Cívico Somos Mayoría, cuyo primer punto dice lo siguiente:

1. Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.000 euros al mes. Ninguna pensión por debajo del SMI. Aproximación de la prestación por desempleo al SMI. Planteamiento de la Renta Básica en situación de carencia.

No deberíamos dejar de pensar que los salarios y las pensiones están íntimamente ligados a la dignidad de la vida de las personas menos afortunadas. El capitalismo basa sus políticas en desatender las necesidades más elementales de las clases bajas. En este sistema, las pensiones son solo una parte del botín que pretenden apropiarse los saqueadores. 

Las consecuencias de las políticas neoliberales que propician la tropelía pueden ser terribles no solo para las clases bajas, sino para todos los ciudadanos que se hallen excluidos de la clase social que domina el poder económico. Noam Chomsky lo anticipa temiendo que la plutonomía (el sistema económico de menos del 1% de la población, riquísimos) domine impunemente al precariado (más del 99% de la población, desposeída de sus derechos y cada vez más empobrecida). Es decir 70 millones de poderosos de este mundo explotando las vidas de más de 7 mil millones de personas. 

Este panorama nos permite concluir que la aplicación de la propuesta del Frente Cívico, no solo en cuanto a las pensiones, es un reto a la voluntad política que supera el rango económico. Por lo tanto hay que forzar el cambio radical de la tendencia actual. Primero, porque estos políticos no lo van a hacer. Segundo, porque hay que parar el precipitado desmantelamiento del estado del bienestar —que afecta directamente a los más vulnerables— y defender los auténticos valores de la democracia. Tercero, porque, como ya venimos argumentando, sí hay recursos y políticas alternativas para lograrlo al mismo tiempo que están comprometidas a respetar los Derechos Humanos y la Carta de la Tierra. 

Y no hay duda de que el asunto se debe afrontar desde la política o no habrá solución. Insistimos en esto, como afirmó alguien nada sospechoso de progresista —lo cita el profesor J. Fontana— , se refiere al ex secretario de Estado de EEUU (durante el mandato conservador de Nixon) a propósito de haber dejado en manos de expertos los asuntos económicos: “Solo más tarde aprendí —dirá Kissinger en sus memorias— que las principales decisiones en política económica no son técnicas, sino políticas.” Y nos podemos preguntar: ¿No es esto válido para defender nuestros derechos?

Si no conseguimos parar estas políticas de locos, mejor dicho de avaros compulsivos, el mundo que verán nuestros descendientes será mucho peor que el que estamos padeciendo en la actualidad. Se agrandará el abismo que ya existe entre los ricos que gozan de todos los privilegios y los que se verán sumidos en la precariedad más absoluta, como anticipa Chomsky. Se configurarán dos mundos cada vez más distanciados entre sí: el de las minorías que gozarán del estado del bienestar y el de las mayorías que padecerán el estado del malestar. Incluso las pensiones actuales serán consideradas en el futuro como un logro de la Edad Dorada de los antiguos ciudadanos.

Todo eso podrá ocurrir si desde este momento la mayoría, hasta ahora ciega o resignada, no usa el poder de su voz y de su voto para tratar de impedirlo. 

Pensiones con futuro (8)

¿Hay alternativas? 

Las medidas no serían técnicas, sino políticas. Nos sentimos atraídos por la utópica propuesta del decrecimiento, frenando el desarrollo suicida en el que nos ha embarcado el sistema capitalista, y la redistribución de la riqueza. Esto solo es realizable desde un cambio radical de política, sustituyendo el sistema productivo actual por otro más tecnológico que mantenga los ingresos sin dañar el medio y desarrollando políticas de igualdad protegiendo a los más débiles. La alternativa se podría basar en medidas como las que se sugieren en estas propuestas básicas:

1ª Subir la pensión mínima a 1.000 euros porque las actuales, como se ha comentado, son claramente insuficientes para cubrir las necesidades más básicas. Las pensiones mínimas en España, como vimos, son de las más bajas de Europa. El citado Ciudadano Pérez piensa que: “Con independencia de los ajustes paramétricos que precise el sistema, una reforma en serio de la Seguridad Social, exige que se establezca una pensión mínima cuya cuantía permita vivir con dignidad los últimos años de la vida de una persona”.

2º Estrechar la banda entre las actuales pensiones mínima (631) y máxima (2.548) que facilite el equilibrio del fondo. Los beneficiarios de pensiones más altas, no solo vivirán de media 10 años más y disfrutarán de las mismas prestaciones sociales complementarias, sino que dispondrán de más recursos privados en el momento de la jubilación.

3ª No retrasar de forma obligatoria la edad de jubilación ya que hay que tender a trabajar para vivir, no a vivir para trabajar. Además, lo que se gana por un lado en cotizaciones, se pierde por otro en nuevos cotizantes y no contribuye a aliviar el desempleo. Pero, ¿ampliar la vida laboral? ¡Naturalmente! Por abajo, para que todo joven de 16 años, que lo desee, tenga la oportunidad de trabajar y cotizar suficientes años en beneficio propio y de sus conciudadanos ya jubilados. 

4ª Desarrollar políticas que faciliten el acceso de la mujer al empleo hasta alcanzar niveles del entorno europeo. Incentivando la natalidad (prestaciones económicas familiares, servicios sociales…), aplicando un criterio de igualdad de género en el campo laboral y en la productividad social, con horarios flexibles y compartiendo la conciliación familiar.

5ª Facilitar la integración de la población inmigrante con todos los derechos. La proyección de esta población hacia 2050 podría alcanzar los 16 millones (según el INE). La impredecible incidencia demográfica que aportará este factor puede llegar a trastocar todas las previsiones, probablemente de modo positivo. 

6ª Analizar a fondo los casos de jubilación anticipada para no dejar desprotegidos a los trabajadores que estén sin empleo en el último tramo de su vida laboral y a los discapacitados o a aquellos que sufran un deterioro de su salud. 

7ª No apostar por el crecimiento sin límites de la productividad. Invertir en I+D+i para que el desarrollo económico cambie el concepto clásico de productividad que no valora el impacto medioambiental. Ese crecimiento hay que considerarlo como no sostenible por no ajustarse al principio 7º de la Carta de la Tierra. Hay que aprovechar las posibilidades que el conocimiento y la información pueden aportar en el futuro a las nuevas formas de producción, sin dejar de poner el acento en la calidad por encima de la cantidad en todos los parámetros de la vida laboral y social. Sería también deseable la conjunción de eficientes sistemas económicos —eliminando el factor del lucro capitalista— como la Economía del bien común, el cooperativismo, la colectivización (según sectores), control del mercado y de los canales de distribución e introducir modelos conservacionistas aportando un nuevo concepto del bienestar acorde con el ecologismo, la desglobalización y el decrecimiento. 

8ª Tender a equilibrar los ingresos y gastos de las pensiones mediante aportaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado —los artículos 41 y 50 de la Constitución deben interpretarse en este sentido, así como del 22 al 25 de los DDHH—, con una política fiscal efectivamente progresiva, con más impuestos a las SICAV y a las sociedades financieras, luchando decididamente contra la evasión y elusión de capitales, contra la economía sumergida —que asciende a casi 80.000 millones de euros e incide directamente en las cotizaciones—, suprimiendo los privilegios de la Iglesia. Tampoco conviene olvidar que los más de 40 mil millones prestados a la banca, que difícilmente serán recuperados, constituyen una deuda ilegítima puesto que no está destinada a cubrir los intereses de los ciudadanos, como exige la ley. Todo supondría más de 200 mil millones de euros. Además, se podrían sacar de la SS los gastos del subsidio de desempleo y del FOGASA, como ya se hizo con los de Sanidad. ¿Hay o no hay dinero para las pensiones?

Que sí hay posibilidad de obtener recursos para las pensiones lo seguiremos comprobando con otros datos consultados por Alondra, comentarista asidua de este blog: «Estoy totalmente de acuerdo en que el futuro de las pensiones no estaría amenazado si existiera voluntad política de aportar los recursos necesarios. Se podrían sustraer, entre otras, de partidas como:

Pensiones con futuro (7)

De lo expuesto hasta ahora se deduce que el acoso a las pensiones y su supuesta inviabilidad han creado una opinión pública generalizada que provoca el miedo al futuro de las pensiones, como venimos repitiendo. Los recortes emprendidos aprovechando la crisis no obedecen a unas medidas coyunturales para paliar el efecto de la misma, sino a una estrategia premeditada para debilitar al Estado y consolidar los poderes económicos. Para conseguirlo ocultan las alternativas posibles y juegan a la confusión manipulando verdades a medias como estas:

1º Es lógico pensar que la proyección a largo plazo de la población española parece indicar que podrá haber dificultades para cubrir los gastos de las pensiones futuras con el aporte exclusivo de los cotizantes. La relación actual es de 2 cotizantes por cada pensionista (16 millones de cotizantes costean a 8 millones de pensionistas. Los más pesimistas creen que hacia 2050 la ratio podría caer a 1,6). Sin embargo la solución del problema se suele ocultar: Por un lado, menos trabajadores, con mejores recursos técnicos, pueden aportar mucho más al PIB, como ha pasado en los últimos cincuenta años; por otro lado, seis millones de desempleados podrían resolver completamente el problema si las políticas tendieran al pleno empleo, cosa que aborrece el gran empresario porque perdería el control sobre los salarios.

2º Las previsiones de crecimiento indefinido de la productividad, tal como hoy la concebimos, son bastante dudosas porque los efectos de la crisis están siendo muy profundos y prolongados. Es cierto pero, en todo caso, lo que hay que cambiar es el sistema productivo porque, con el actual, la cuota ecológica sería incompatible con la calidad de vida en el planeta. Pero eso no quiere decir que el PIB no pueda crecer y que el reparto de la tarta no pueda ser solidario con los pensionistas.

3º Las pensiones —aseguran— no serán sostenibles. Pero hay que saber que en España el 70% de las pensiones no superan los 1.000 euros mensuales. La pensión media contributiva es un 25% de la de la UE, y la no contributiva casi un 50%. Con una pensión mínima contributiva actual de 630 euros y la no contributiva de 365 euros, teniendo que pagar cada vez más servicios privatizados y crecientes impuestos indirectos, copagos, además de otras cargas familiares, a las personas mayores les esperarían unos años duros bordeando la pobreza al final de la vida. Esta situación es la intolerable.

4º Las políticas actuales, que el gobierno califica de coyunturales para salir de la crisis, son para quedarse, para cambiar la estructura político-económica según la doctrina neoliberal incitando a caer en la trampa de los fondos de pensiones. Rechazan como cosa del diablo aportar recursos del Estado. La propaganda, al insistir en que las pensiones no son sostenibles, engaña a la opinión pública y genera el miedo suficiente como para que se acepte el cambio de paradigma sin crítica ni oposición. ¡Que viene el lobo! Pero, ¿quién es el lobo? Se está imponiendo, ante la inoperancia de una ciudadanía engañada, la banalización de la opacidad, de la mentira, de la desvergüenza y de la corrupción, mientras se desmantelan los servicios sociales.

Conviene hacer una consideración antes de cerrar el capítulo que nos ocupa por su proyección sobre las nuevas generaciones. Los Presupuestos Generales del Estado incluyen los gastos de cada año, como es sabido. Pero, así como los gastos en Defensa se mantienen por una interesada y falsa idea preventiva, otras partidas anuales están, o también deberían estar, orientadas hacia el futuro, es decir, basan su necesidad en la solidaridad intergeneracional, movidos por un sentimiento y una determinación social de garantizar un patrimonio colectivo —hoy por ti, mañana por mí— que beneficie a las generaciones futuras. Hablamos de Educación, Pensiones y Ecologismo. Esta voluntad colectiva se tiene que reforzar con la práctica política desde lo público. 

Pero si las políticas neoliberales insisten con su propaganda en asustar con la cantinela de que las pensiones, la educación y el gasto en medioambiente son una carga insoportable para el Estado, los ciudadanos acabarán asumiendo que la mejor política es que los gobiernos se desentiendan de lo público en beneficio de lo privado. ¡Que cada cual aguante los embates de la vida como buenamente pueda! Así, la sociedad atomizada, no reaccionará. Con estas políticas se propaga el individualismo egoísta y se destierra el socialismo solidario, dejando indefenso al precariado. Incluso las leyes que cohesionan la vida pública —salvo aquellas que protegen a los poderosos— serán consideradas como un atentado contra la libertad de los individuos. El autoengaño justificará que la mejor defensa sea la que ejercen los propios ciudadanos usando sus recursos y su fuerza. Es la tendencia que observa en EEUU Tony Judt en su libro Algo va mal. Esta otra moda del Imperio nos va a seguir contaminando, si no lo impedimos.

Continuarán las pensiones

Pensiones con futuro (6)

Un equipo de expertos más fiables que los 12 “sabios”, coordinados por el economista Juan Francisco Martín Seco –colaboradores del Frente Cívico Somos Mayoría, y desde luego desvinculados de los intereses financieros– están elaborando un documento en el que pretenden –como ha sido nuestro propósito en estas entradas– desmontar todas las mentiras de los agoreros que pregonan la ruina de las pensiones. Estaremos atentos a este trabajo y divulgaremos el documento cuando esté listo. Pero, como aperitivo, adjuntamos íntegro un artículo que el propio Martín Seco ha publicado en República.com titulado El salario y las pensiones. Este es el artículo:

«Pongamos un ejemplo y hagamos unos pequeños cálculos –sin duda más simples que la fórmula polinómica con la que nos han obsequiado los expertos gubernamentales. Supongamos un país –no precisamente el de las maravillas– cuya renta anual se reparte entre 80 asalariados (2 euros de promedio) 5 empresarios (5 euros) y 15 pensionistas (1 euro). En total, 200 euros.

Los sabios del lugar, muy alarmados, estiman que dentro de h años, debido al incremento de la esperanza de vida y al cambio en la tasa de natalidad, se va a producir un envejecimiento de la población, de manera que los asalariados serán tan solo 60, mientras los pensionistas pasarán a ser 35. Para no complicar las cosas, supondremos que el número de empresarios no va a cambiar y la población total tampoco. Los doctos expertos, tras sesudas proyecciones, ecuaciones y alguna que otra integral, llegan a la conclusión de que el hecho de que haya menos de dos activos por pasivo, convierte en insostenible el sistema de pensiones, tal como está configurado en la actualidad, y que hay que modificarlo (léase bajar las prestaciones) para hacerlo viable. Desde luego, afirman, las pensiones no podrán actualizarse de acuerdo con la subida de los precios.

Algunos de los que no son sabios, pero saben sumar y multiplicar, no se quedan convencidos y comienzan a hacer sus propios cálculos. Saben que las previsiones más conservadoras aseguran que en ese periodo el Producto Interior Bruto (PIB) y por lo tanto la renta per cápita, ambos a precios constantes, se van a incrementar en un 20% y los precios en un 30%. Teniendo en cuenta ambos porcentajes, el PIB y la renta per cápita, en euros corrientes aumentarán un 56% (1,2×1,3=1,56). Encuentran lógico, por tanto, que los beneficios de los empresarios se incrementen en ese porcentaje. Es decir, que los 5 euros se conviertan en 7,8; y lo mismo respecto a los salarios, que de 2 euros se transformen por término medio en 3,12 euros.

Los no sabios continúan echando cuentas (casi las de la vieja): el PIB en el año n+h será 312 euros (200×1,56); el coste de los salarios 187,2 euros (60×3,12) y el excedente empresarial 39 euros (5×7,8).

Descontando del PIB el coste de los salarios y el excedente empresarial se mantiene un remanente de 85,8 euros. Los no doctos no entienden que –tal como afirman los sabios– no se puedan actualizar las pensiones al menos en una cantidad igual al incremento del coste de la vida.

Asumiendo el supuesto más extremo, el de que los nuevos jubilados hubiesen entrado en el sistema con una pensión equivalente al salario que en ese momento tenían, el coste de actualizar las pensiones por el índice de precios alcanzaría: 15x1x1,30+20x2x1,30 =71,5 euros, cantidad inferior al excedente de 85,8.

Pero aún hay más. Los no expertos se preguntan por qué se va a impedir a los pensionistas participar en el crecimiento económico en la misma medida que lo hacen los asalariados y los empresarios. Al fin y al cabo, si la renta se ha incrementado ha sido por los asalariados y por los empresarios sin duda, pero también por los hoy jubilados que en su día pagaron impuestos con los que financiaron los gastos en educación, en infraestructuras, en sanidad, en justicia y en tantas y tantas cosas que han colaborado a que la productividad haya crecido año tras año.

Así que continuaron haciendo cálculos (solo sumando y multiplicando) e intentaron ver qué ocurriría si las pensiones se actualizasen al igual que los salarios y los beneficios empresariales por el incremento de la renta per cápita: 15x1x1,56+20x2x1,56=85,8 euros. ¡Oh, casualidad! La cifra es exactamente igual a la del remanente. Resulta que también es posible.

Y aunque no son sabios ni expertos, se dan cuenta de que las conclusiones de este sencillo ejemplo son perfectamente extrapolables a cualquier otro modelo más complejo y que la posibilidad se mantiene incluso cuando se hace una suposición tan irreal como la hecha en estos cálculos de que la primera pensión es equivalente al último salario. Solo se precisa que se cumplan dos condiciones: que la renta per cápita se incremente y que se mantenga constante la distribución del PIB, es decir, que ningún colectivo intente engordar su parte de pastel a costa de los demás.

Entonces, ¿por qué los expertos gubernamentales se empeñan en afirmar que es insostenible? ¿Qué es lo que pretenden? Las declaraciones a la prensa de uno de ellos nos pueden facilitar alguna pista. Ha afirmado que resulta evidente que las pensiones no deben crecer por encima de los salarios. Y tan evidente, pero nadie pide tal cosa, a no ser que se esté pensando, y ahí está el quid de la cuestión, en que los salarios deben renunciar al incremento de productividad e incluso a mantener su poder adquisitivo.

Porque lo que está detrás de todas esas presuntas insostenibilidades es la pretensión de modificar año a año la distribución de la renta en contra de los salarios, de las pensiones y a favor del excedente emprFMIesarial (capital y empresas). Ahí confluyen todos los consejos (diríamos imperativos) de Berlín, Bruselas y Frankfurt, allanado el camino por la Unión Monetaria. Y ese es el objetivo también de esos otros sabios del FMI, que no suelen acertar jamás en sus previsiones, que hundieron durante una década América Latina y que se limitan a agitar como un catecismo el consenso de Washington.»

Con este vídeo completamos el contenido de esta entrada (picar aquí)

Seguiremos con las pensiones

Pensiones con futuro (5)

Más opiniones sobre las pensiones

Otros economistas comparten también la idea de que es necesario complementar los ingresos de las cotizaciones con los provenientes de los impuestos, como explica Ignacio Zubiri (Catedrático de Hacienda Pública del País Vasco): “Cabe señalar que financiar las pensiones con impuestos generales (u otros ingresos) es perfectamente legítimo. Simplemente la Seguridad Social no es una gran empresa aseguradora que deba igualar ingresos a gastos. El objetivo de la provisión pública de pensiones es garantizar determinados niveles de bienestar en la jubilación. Y si estos niveles no se pueden financiar con cotizaciones, es legítimo financiarlos con impuestos…”

El economista Eduardo Garzón (hermano del ya citado Alberto) analiza el hecho de invertir el Fondo de Reserva de las pensiones (recordemos, más de 63 mil millones de euros en 2013) para que no sufra ese capital la consiguiente devaluación. No se trata de ponerlo en manos de instituciones privadas, ávidas como hemos visto de meterle mano al botín, sino de invertir directamente en deuda del estado (actualmente en la de Alemania, Francia, Holanda y España, esta con el 97% de inversión del fondo). El economista lo justifica aduciendo que, ante la improbable bancarrota del Estado, la SS sería la primera en cobrar la deuda. Además, la SS, con esta inversión, está contribuyendo a aliviar la deuda pública española.

Nacho Álvarez (economista de la Complutense) critica el modelo que proponen los “altavoces” de los intereses financieros, y comparte la posición de V. Navarro. Por otro lado, en la web Izquierda Anticapitalista, hace referencia a estos datos: “Según información de Eurostat, el sistema de pensiones de España es uno de los más baratos de la Unión Europea (UE). El gasto público español en pensiones fue en 2010 […] de 1.862 euros por habitante (equivalente al 10,7% del PIB). Esta cifra es muy inferior a los 2.769 euros de gasto medio en la UE (13% del PIB), los 3.421 euros de Alemania (12,8% del PIB), los 3.658 Francia (14,4% del PIB) o los 3.295 de Italia (16% del PIB)”.

Veamos el planteamiento de tres autores que añaden un nuevo punto de vista, coincidente con el del FCSM, cuyo referente ecológico irrenunciable es La Carta de la Tierra: Florent Marcellesi, Jean Gadrey y Borja Barragué y su libro “Adiós al crecimiento. Vivir bien en un mundo solidario y sostenible”. Declaran sus afinidades ideológicas con el profesor Navarro, pero no comparten su visión de la necesidad de un crecimiento ilimitado de la productividad, aportando una valoración ecológica del desarrollo económico y de las pensiones. 

“He aquí algunas propuestas para imaginar `unas pensiones sin crecimiento’:

1. Las pensiones de las generaciones futuras no requieren crecer más, sea como sea el crecimiento, sino distribuir la riqueza ya existente así como reducir las desigualdades. /…/

2. Desarrollar los servicios fuera de la lógica mercantil (salud, cultura, movilidad…) y el acceso a las riquezas no económicas (vínculos sociales, participación, naturaleza…) para fomentar el «vivir-bien» de las personas mayores en un mundo sostenible. /…/

3. De este modo, favorecer los ingredientes del vivir bien de los jubilados en una sociedad sostenible en torno a cuatro pilares: autogestión, solidaridad, ciudadanía y ecología. /…/

4. Fijar una renta máxima definida como un múltiplo razonable de una renta básica de ciudadanía decente para poner fin a la pobreza monetaria, como la de las personas mayores (en especial las mujeres). /…/

5. Reflexionar sobre la financiación de las pensiones y de los servicios colectivos gratuitos o subvencionados, públicos o asociativos, dedicados a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y a sus actividades en la ciudad./…/

6. Promover una sociedad con altas tasas de empleo remunerado y sin crecimiento de las cantidades. /…/

7. Mantener el derecho a una jubilación de buena calidad a los 65 años. A la vez que redistribuye el trabajo, relativiza la influencia excesiva del trabajo sobre la vida y sobre la Naturaleza. /…/

8. Luchar por la igualdad de las mujeres y los hombres con respecto al empleo de calidad y a los salarios.. /…/

Y concluyen: Es un imperativo que los movimientos transformadores integren esa realidad y hagan propuestas novedosas para combinar a la vez justicia social y sostenibilidad ecológica.”

Daremos un paso más en este intento de aproximación al acosado mundo de las pensiones citando un libro, generoso en su contenido y rotundo en sus argumentos, que nos ayuda a desenmascarar tanta falacia. Su autor: Ciudadano Pérez. Su título: ¿Pensiones en peligro?.... El autor se pregunta si, para evitar la quiebra de la banca, el Estado ha recurrido al dinero de los contribuyentes, ¿por qué no se haría lo mismo para evitar la supuesta crisis del sistema de pensiones? Y concluye: “Que la banca pague lo que debe”.

Solo echo de menos que se cambie el enunciado en negativo, que es la norma, por otro parecido al que encabeza estos artículos: Pensiones con futuro. Los profesores Navarro y Torres han debido entender que los enunciados en negativo terminan lanzando mensajes subliminales de que las cosas van mal y han titulado su reciente libro Lo que debes saber para que no te roben la pensión. Así de contundente. Recomiendo su lectura para espantar los mitos de nuestros cerebros.

Continuaremos con las pensiones

Pensiones con futuro (4)

La opinión de otros expertos

Al informe FEDEA y al informe de los 12 sabios se contraponen los argumentos de otros economistas, incluso de alguno de los 12 expertos, como hemos anticipado en la entrada anterior. Entre los más contundentes se encuentra el ya mencionado Vicenç Navarro que es uno de los científicos sociales españoles más citados en la Universidad de Pensilvania —no lo hace infalible, pero su crítica a las políticas neoliberales es una garantía—. Junto con Juan Torres y Alberto Garzón publicaron el libro ¿Están en peligro las pensiones públicas?… Con estos autores comenzaremos la exposición de los argumentos que ven viable el futuro de las pensiones siguiendo otro modelo alternativo.

La enésima réplica —que resumimos a continuación— que en este mismo año hizo el profesor Navarro al informe FEDEA, cuyos argumentos se sintetizaron en la entrada anterior, contiene los siguientes contra-argumentos:

1º. La esperanza de vida ha pasado de los 76 a los 80 años, es cierto —dice el profesor—. Pero interpretar eso como que solo la longevidad ha aumentado es un error. Es el promedio el que aumenta. Esto es sobre todo debido a la reducción de la mortalidad infantil. Pone este ejemplo. Pensemos en dos personas. Una tiene 80 años; la otra, muere al nacer. El promedio de esperanza de vida es de 40 años (80+0/2=40). Ahora en otro supuesto, una tiene 80 años y la otra muere a los 20. El promedio de esperanza de vida en este caso es de 50 años (80+20/2=50). Pero es evidente que la longevidad real no ha aumentado.

2º.- Los promedios no recogen las diferencias por clases sociales. En España, las diferencias de longevidad entre un rico y un pobre son de 10 años. (No es justo que el pobre cotice para que el rico cobre pensión durante 10 años más.

3º.- Se dice que el porcentaje del PIB que va a pensiones será insostenible dentro de 50 años, es decir el 8,4% de 2007, subirá a un 15,1% en 2060 (lo que es considerado inasumible, aunque hace 50 años con un gasto del 3%, se vaticinaba que transcurrido ese mismo tiempo el gasto se duplicaría o triplicaría, lo que sería la ruina del sistema; es evidente que el gasto casi se ha triplicado, pero la hucha de las pensiones dispone de 65.000 millones de euros). Al afirmar esto —replica el profesor Navarro— ignoran que todos aceptan que se crecerá el 1,5% anual, es decir, el PIB en 2060 será 2,23 veces mayor. En 2007 los recursos del PIB para los no pensionistas eran del 91,6% (100-8,4). En 2060 los recursos para los pensionistas serán del 15,1% de 223, es decir 33. Por lo que de la tarta del PIB queda 190 (223-33) para los no pensionistas (más del doble del 91,6 de 2007). El incremento del 1,5% de la productividad, aceptado por todos, supondrá más parte de los recursos del PIB para los no pensionistas, a pesar de que aumentara el porcentaje aplicado a los pensionistas.

4º. No se pueden hacer proyecciones exactas sobre la evolución demográfica. Se suele calcular que el número de jóvenes activos en relación con los jubilados disminuirá. Pero esto es equívoco porque, en primer lugar, lo que hay que considerar es el número de cotizantes y la cantidad de cada cotización por beneficiario. Tanto uno como otro, están creciendo como consecuencia de la participación de la mujer en el mercado de trabajo (y tiende a aumentar sin llegar aún a los niveles de, por ejemplo, Suecia si se desarrolla una acertada política familiar: escuelas de infancia, servicios domiciliarios…). En segundo lugar, la productividad (salvando el paréntesis coyuntural de la crisis) seguirá creciendo.

5ª Si fuera necesario algún cambio, no debe ser a costa de retrasar la edad de jubilación ni de recortar las pensiones, que son muy bajas, porque los salarios siguen siendo bajos. Cabe aplicar otras medidas: a) Flexibilizar la edad de jubilación, que debe ser un derecho, no una obligación. b) Prohibir la prejubilación, porque beneficia a las empresas, penaliza a la SS y al jubilado. La prejubilación en España recorta un 6% del PIB. c) El Estado debería aumentar su aportación a las pensiones (como en otros países) procedentes de los impuestos generales, como ya se hizo con la Sanidad.

Juan Torres, que comparte los argumentos de Navarro, critica que el FMI haga previsiones alarmistas sobre la evolución de la población jubilada para justificar recortes en las pensiones sin tener en cuenta el incremento en la productividad, que puede permitir (como hasta ahora) que menos empleados puedan sostener a mayor población inactiva. Argumenta también que el balance de la SS, como cualquier otro, pretende el equilibrio entre ingresos y gastos. Lo inaceptable es que las medidas que se tratan de imponer, desde la ideología neoliberal, sean recortar los gastos, desentendiéndose de los ingresos (vía impuestos), olvidando el sentido social que es necesario considerar en la cuestión de las pensiones. Cree que lo importante es determinar hasta qué punto la sociedad está dispuesta a ser solidaria.

Como coautor de la citada obra, también comparte la opinión de ambos profesores el economista y diputado Alberto Garzón. En su blog, sigue insistiendo en que el principal problema es la falta de ingresos que han de venir por una mejora del sistema productivo. Por otro lado, en su libro Esto tiene arreglo, cita el “salario indirecto o social”; la prestación social que desde lo público complementa los recursos de los ciudadanos menos afortunados, como pueden ser los futuros pensionistas, asegurando el acceso a múltiples servicios que les ofrezcan una aceptable calidad de vida. Esto tendría un efecto complementario a las pensiones.

Continuará con más opiniones